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La AMIA Refuta a Sener Obras de Refinería Dos Bocas, en Tabasco

La AMIA Refuta a Sener Obras de Refinería Dos Bocas, en Tabasco

La Academia Mexicana de Impacto Ambiental, A.C. (AMIA), se manifiesta respecto a las declaraciones de la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Norma Rocío Nahle García, acerca de la pretendida justificación ambiental, ante la tala de manglar, del inicio de las obras de la refinería de Dos Bocas, en el estado de Tabasco.

Con relación a la entrevista radiofónica que concedió la secretaria Norma Rocío Nahle al programa Aristegui Noticias, el pasado martes 11 de diciembre, la AMIA manifiesta a la sociedad mexicana los siguientes elementos de reflexión:

>Con base en la carta de uso del suelo y vegetación en escala número 1:250 000, publicada por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), así como la carta de Zonas Federales, catalogadas con uso de Conservación, publicada por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), en el área que ha sido señalada como pretendida para la construcción de la Refinería Dos Bocas, se puede afirmar que previo a la deforestación denunciada por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el pasado mes de noviembre, corresponde a MANGLAR (Ver mapas 1 y 2 al final del presente escrito). Es decir, la Autoridad Forestal Nacional cataloga el predio como una zona con vegetación Manglar.

>Acorde con el texto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), así como de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), vigentes en el año de 2007, año citado por la secretaria Nahle García como fecha en que se extendieron las supuestas autorizaciones para la instalación de una batería de entre 30 a 70 pozos de extracción de petróleo, así como infraestructura conexa, ya era necesario contar, previamente a la realización de obras y actividades en el sitio, con una Autorización en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, así como con autorización en Materia de Cambio del Uso del Suelo de Terrenos Forestales (CUSTF); autorizaciones que son específicas para un proyecto en particular y que no son transferibles a otro.

>Sin menoscabo de que ambas autorizaciones son siempre emitidas con un período de vigencia, es pertinente destacar que los permisos para el CUSTF se otorgan con un plazo mínimo para realizar el retiro de la vegetación. Dicha vigencia obedece a la lógica de que el retiro de la vegetación forestal, que debe ejecutarse al amparo del permiso, no sea una licencia abierta para retirar la cobertura vegetal más allá de lo autorizado.

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>Una inconsistencia adicional, es que la secretaria Norma Rocío Nahle menciona que los permisos fueron extendidos por el Gobierno Estatal y Municipal, cuando los dos permisos a los que se hace referencia, debieron ser emitidos por la SEMARNAT.

>Es conveniente señalar que el Procedimiento para otorgar en excepción la autorización del CUSTF, no permite modificaciones a la actividad autorizada; es decir, si el uso pretendido del predio es distinto al autorizado, debe demostrarse que el nuevo uso resulta conveniente respecto a las afectaciones sobre los servicios ambientales que se perderán por su cambio, por lo tanto no es legalmente, ni ambientalmente factible el cambio de actividad sin la previa autorización de la entidad con jurisdicción sobre el permiso y el promovente de la actividad, debe de, en pleno respeto de la ley, promover la modificación a su autorización con el debido sustento técnico ambiental y jurídico.

>Por su parte, el resolutivo en materia de Evaluación del Impacto Ambiental, sí permite modificaciones, siempre y cuando las medidas de prevención y mitigación de los impactos, señaladas en la MIA (Manifestación de Impacto Ambiental) original, resulten aplicables y suficientes en su alcance de acuerdo con la tipología y magnitud de los impactos evaluados, respecto de los nuevos impactos que origine la nueva actividad deseada, particularmente en las fases de construcción, operación, mantenimiento y para el caso de cierre y abandono. Al respecto, es posible afirmar que los impactos ambientales por la perforación y operación de pozos de petróleo nunca serán equiparables a los de la construcción y operación de una refinería, ni en tipología, ni en magnitud.

>Adicionalmente, es conveniente recordar que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, autodenominada ASEA, exigió a las Estaciones de Servicio (gasolineras), la obtención de una Autorización en Materia de Impacto Ambiental, independientemente de que dichas estaciones hubiesen entrado en operación cuando no se requería permiso durante el Siglo pasado o bien, contasen con Autorización emitida por gobiernos estatales, con el sólo argumento de que a partir de 2014 la ASEA es la responsable en materia ambiental del Sector Hidrocarburos, por lo tanto la autorización a la que la secretaria Nahle García hace referencia, por homología al criterio de la ASEA, es inválida e inaplicable por haber sido emitida por autoridad diferente a la responsable y competente actual.

>Conforme a lo anterior, esta Academia señala que, como se ha reiterado en diversas ocasiones por el C. Presidente de la República, las acciones que se promuevan por la Administración Pública se apeguen a Derecho, bajo el mismo señalamiento que atinadamente ha hecho el Titular del Ejecutivo Federal “Nada al margen de la Ley y Nadie por encima de la misma”. La fortaleza del Estado de Derecho, se debilita ante estólidos anuncios, que tienen repercusiones económicas en el país y sus habitantes.

>Finalmente la AMIA, refrenda su compromiso con la sociedad mexicana como un órgano de la Sociedad Civil especializado e independiente, cuyo objetivo es aportar conocimiento y experiencia de los profesionales especializados en la materia para que las obras y actividades que se desarrollen en el país, se apeguen a la adecuada aplicación del instrumento de política ambiental “Evaluación de Impacto Ambiental”, para garantizar la protección del medio ambiente y sus recursos naturales, así como posibilitar el desarrollo sustentable al que aspira la sociedad mexicana, siempre en apego a su Derecho Humano a un ambiente sano.

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