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Indígenas ambientalistas, cuando defender la tierra cuesta la vida

Indígenas ambientalistas, cuando defender la tierra cuesta la vida

Al menos 164 personas defensoras del medio ambiente fueron asesinadas durante 2018. 14 de esos casos ocurrieron en México, muchos de ellos indígenas, señala en su último informe titulado “¿Enemigos del Estado?”, la organización Global Witness.

Uno de esos casos es el de Julián Carrillo, activista asesinado el 24 de octubre de 2018 por su trabajo de defensa de tierras indígenas en la Sierra Tarahumara contra la explotación minería.

A Carrillo se agregan Son Guadalupe Campanur Tapia y Jesús Álvarez Chávez, de Michoacán; Manuel Gaspar Rodríguez y Adrián Tihuilit, de Puebla; Abraham Hernández González, Noel Castillo Aguilar y Rolando Crispín López, de Oaxaca; y Joaquín Díaz Morales, de Chihuahua y Margarito Díaz González, de Nayarit.

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«Estas agresiones (a indígenas) son casi el 80 % de los casos. En el caso de Oaxaca, Puebla y Michoacán el 100 % de los agredidos son indígenas», indica Gustavo Sánchez director de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (MOCAF).

En México, más de la mitad de las tierras y los territorios son propiedad colectiva de pueblos indígenas, comunidades indígenas y comunidades locales bajo la modalidad de ejidos y comunidades agrarias, lo cual implica que la mayoría de las minas, bancos de materiales, cuerpos de agua, litorales, bosques, biodiversidad y otros recursos están en esos territorios, de manera que los derechos colectivos terminan amenazados y confrontados por los intereses privados de empresas a las que el gobierno otorga concesiones sin respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada, ni el derecho a la autonomía y al territorio.

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En el reporte se destaca que a nivel global los sectores con los que se relacionaron los casos de criminalización son en ese orden: Minería e Industrias extractivas; Agroindustria, Agua y Represas, Explotación Forestal y Caza ilegal.

La criminalización y las demandas civiles agresivas se están usando para reprimir el activismo ambiental y la defensa del derecho a la tierra en todo el mundo; incluso en países «desarrollados» como EE.UU. y el Reino Unido.

Vicky Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas y de nacionalidad filipina, ha destacado cómo los pueblos indígenas han sido sometidos a ataques, estigmatización, desplazamiento forzado, criminalización y amenazas.

 

Staff Tecnología Ambiental

Foto: Especial

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